Pensar la relación entre la Universidad y los Derechos Humanos es uno de los ejes que atraviesa muchísimos de los desarrollos de nuestra Facultad.
¿Cómo aportar desde Filo a profundizar la política de derechos humanos? ¿Cómo acompañar los procesos de las organizaciones populares en torno a la lucha contra la violencia institucional?
Hace años decidimos emprender un camino integrando la extensión, la investigación y la docencia como característica central de la política académica vinculada a los Derechos Humanos.
Es destacable la labor del Equipo de Antropología Jurídica, que desde el año 1993, en convenio con el CELS, ha contribuido a la construcción de herramientas conceptuales que permitieron nombrar demandas siendo incorporadas en la agenda de derechos humanos; y, en el mismo sentido, la Cátedra Libre de Derechos Humanos, creada en octubre de 1994 como un espacio articulador de foros temáticos, trabajos en territorios múltiples, seminarios de grado y el proyecto de investigación “Universidad y Dictadura”.
A mediados de la década pasada fue creado el Programa Queer, que se propuso como un espacio de articulación de proyectos en torno a las prácticas en movimientos políticos contra la represión y la discriminación. Y, como derivación, hacia el 2011, da lugar al Programa de Extensión en Cárceles.
En 2015 el Consejo Directivo de la Facultad resolvió la creación de un Observatorio Universitario contra la Violencia Institucional (OBUVI), con el objeto de articular la producción de conocimiento y el relevamientos de prácticas y acciones institucionales, con la problematización del concepto de “violencia institucional” y el análisis propositivo de políticas concretas para el resguardo y la ampliación de derechos. Se comprendió que el fenómeno de la violencia institucional se debe analizar desde un enfoque que contemple derechos humanos, económicos y sociales, con el objetivo de generar las condiciones de posibilidad y los recursos materiales para que esos derechos sean garantizados en un marco de inclusión, igualdad y libertad. Por otro lado, sabiendo que los hechos de violencia institucional tienen como víctimas principalmente a los sectores populares y, sobre todo, a los jóvenes de dichos sectores. En este punto, el Observatorio se propuso como una de sus metas primordiales entender cómo se construyen las representaciones y las formas simbólicas que sostienen la legitimidad de la violencia institucional hacia estos sujetos considerándolos y construyéndolos como “peligrosos”. Es decir, generar las instancias que permitan desnaturalizar las construcciones estigmatizantes sobre las que se asienta tal legitimidad.
Desde 2017 la Facultad de Filosofía y Letras es querellante en causas por crímenes de lesa humanidad en las que los Juzgados Federales N°3 y N°12 investigan hechos que victimizaron a integrantes de la comunidad de la Facultad en centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y en el CCDTyE ESMA.
Por convicción política creemos que el rol de la universidad pública debe ser el de construir pensamiento crítico y hacer un permanente ejercicio de la memoria. Una de las formas que asume la elaboración de ese saber propio de la universidad, que no se puede escindir de los sentires y las necesidades de nuestro pueblo, es la de entablar un diálogo vivo con el pasado reciente: hacerlo en las instancias de formación de grado de nuestros/as estudiantes es también nuestro deber como parte de la construcción de sujetos críticos y comprometidos con la defensa de la vida democrática y de los derechos conquistados. De aquí que, diversos seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas desde el 2017 a esta parte se han estimulado y concretado.
Consideramos que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son imprescindibles en la construcción de un lazo social democrático y de subjetividades plenamente emancipadas, aún en los oscuros tiempos neoliberales que nos tocan vivir.